domingo, 22 de enero de 2012

CIERRE DE MAGAUPLOAD


La contundente y atronadora clausura de la web Megaupload por parte del FBI no ha podido ser mejor recibida en Hollywood. No sólo porque todo lo ocurrido desde el pasado jueves, con asalto policial incluido, les haya puesto en bandeja un guión para una magnífica película de acción. Lo verdaderamente relevante, a su entender, es que ha señalado a los políticos y autoridades judiciales y policiales de EE UU el camino a seguir en la lucha contra la piratería digital. La Red y los delincuentes que se sirven de ella no conocen de fronteras ni de límites jurisdiccionales, así que para detenerlos y poner fin a sus actividades es necesario amoldarse a esas nuevas reglas. «Los negocios ilegales (en Internet) que expresamente se han instalado fuera de Estados Unidos para eludir las leyes estadounidenses, no deberían escapar a las reglas que actualmente se aplican a los sitios ilegales dentro del país», reclamaron ayer en un comunicado varios sectores de la industria hollywoodiense.
El emporio dirigido por el excéntrico alemán Kim Schmitz era, según Hollywood, el paradigma de ese nuevo escenario delictivo. Desde su imponente mansión en Nueva Zelanda había provocado a la industria del cine daños en concepto de derechos de autor por un valor de 500 millones de dólares. Y todo gracias a una red de empresas y páginas web repartidas por todo el mundo. Tenía oficinas repartidas por Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, y parte de sus servidores informáticos estaban ubicados en Hong Kong. Todas estas instalaciones, más de una veintena, fueron registradas y clausuradas gracias al trabajo coordinado del FBI y de las respectivas fuerzas policiales de cada país. «En nombre de los 2,2 millones de estadounidenses cuyos trabajos dependen de la industria y la televisión, esperamos que el Gobierno (...) apruebe una legislación que ofrezca verdadera protección a los empleados», aseguró ayer la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA) en un comunicado.
Esta demanda se refiere a las leyes conocidas como PIPA -acrónimo de 'Protect IP Act', Protección del IP-, y SOPA -'Stop Online Piracy Act' (Detención de la piratería en línea)-, que iban a ser votadas la próxima semana en el Senado y el Congreso de los Estados Unidos, pero que el viernes fueron paralizadas por las presiones ejercidas desde los gigantes de Internet, como Google y Facebook. Ambas normativas buscan aplicar medidas enérgicas contra la violación de los derechos de autor en la Red, como por ejemplo evitando que los sitios que cuelgan contenidos ilegales se beneficien de publicidades o forzando a motores de búsqueda a eliminarlos de sus resultados.

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